Con carácter de urgencia, el Poder Ejecutivo presenta a estudio y consideración del Congreso Nacional el proyecto de Ley que aumenta la penalización de la sustracción ilegal de energía. Esto obedece al sensible aumento de la criptominería, en detrimento del patrimonio económico y de la regularidad del suministro de energía eléctrica a las comunidades.
“La pérdida anual para la Administración Nacional de Electricidad orilla entre los 50 a 60 millones de dólares anuales”, expresó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, quien solo este año ha encabezado 17 intervenciones de gran magnitud que representan la evasión de más de 50 megavatios.
El proyecto “Que modifica el art. 173 del código penal y dispone la incautación y comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible”, busca la modificación y aumento del marco penal con cinco (5) años de expectativa de pena privativa de libertad o multa, para quienes sustraigan ilícitamente energía de líneas de transmisión o almacenaje de tensión nominal no superior a un mil (1000) voltios.
La iniciativa legislativa también prevé la creación de un tipo penal agravado que eleva hasta 10 años la pena privativa de libertad para los responsables de la comisión del hecho punible, cuando éste se realizare sobre líneas de media tensión o superiores. Por otra parte, el proyecto establece que la ANDE sea destinataria de los recursos provenientes de la pena de multa complementaria. El mensaje que se busca transmitir es firme e inequívoco: se penará la conducta y se fortalecerá a la ANDE.
