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En la evaluación exhaustiva de los compromisos del Gobierno del Paraguay con el cumplimiento de los acuerdos y sentencias internacionales con las comunidades indígenas del Chaco y con otras causas abiertas.

La Dra. Maria Teresa Peralta, Directora General de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, manifestó en entrevista al programa Tribuna de Paraguay TV, que “existe la férrea posición del Presidente Santiago Peña y del Vicepresidente Pedro Alliana de cumplir con los compromisos internacionales”. Cabe resaltar que el Vicepresidente de la República es quien preside la Comisión Interinstitucional Ejecutiva responsable de la ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de compromisos internacionales en Derechos Humanos (CICISI por sus siglas). En ese sentido, Peralta señaló que en febrero de este año y conforme a lo que establece el decreto 4367/15, Su Excelencia el Vicepresidente Pedro Alliana convocó a Ministros del Poder Ejecutivo a fin de revisar los casos en agenda e instalar una hoja de ruta hacia el debido cumplimiento.

Recientemente la delegación de Estado, a través de la articulación de la Dirección General de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y bajo expresas instrucciones del Vicepresidente de la República, de supervisar la gestión interinstitucional, ha realizado una constitución al asiento territorial de tres comunidades indígenas, todas ellas ubicadas en el Bajo Chaco. Las mismas fueron visitadas los días 9 y 10 de mayo. Asimismo los representantes de la referida delegación de Estado integran el Consejo Asesor Consultivo de esa Comisión (CICSI).

Tres de estas comunidades indígenas, Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, cuentan con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la comunidad de Kelyenmagategma tiene un proceso en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Bajo las instrucciones directas del vicepresidente de la República, se desarrolló una agenda de trabajo que estableció líneas de acción para mejorar la actuación del Estado en el cumplimiento de sus compromisos con estas comunidades”, explicó Santiago Ammatuna, responsable de la Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales de la Vicepresidencia de la República.

“Este encuentro refuerza el compromiso del Gobierno con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la inclusión de las comunidades indígenas en el desarrollo nacional”, dijo María Teresa Peralta, Directora General de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Durante la visita al bajo Chaco, los representantes de la CICSI se dedicaron a recopilar datos específicos sobre las demandas planteadas por los líderes comunitarios, que abarcaban una amplia gama de necesidades, desde infraestructura vial hasta asistencia alimentaria y acceso a agua potable.

En esta misión participaron diversas instituciones, entre las que se destacan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MITIC), el Ministerio Público (MP), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Procuraduría de la República (PR), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Justicia (MJ) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Expresaron desde la Vicepresidencia de la República que los ejes de gestión responden a aspectos concretos. El primero radica en el mensaje que el gobierno nacional ha transmitido a través de sus diversos representantes a las comunidades indígenas de la región. “Es crucial que las comunidades indígenas sepan que el Estado está comprometido con su bienestar y desarrollo”, expresó la Directora General María Teresa Peralta.

El segundo eje se centra en el compromiso firme del Estado para cumplir con sus obligaciones y saldar sus deudas pendientes. “No podemos ignorar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni los procesos abiertos ante la CICSI. El Estado debe honrar sus compromisos», dijo la Directora General.
“Estas actividades representan un paso significativo en el compromiso del Estado para con las comunidades indígenas de nuestra nación”, afirmó.