Gobiernos de la región exigen la revisión de resultados en Venezuela
Un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan una “profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela”. “Queremos que se controlen las actas, que es lo que va a dar seguridad y, sobre todo, legitimidad al gobierno que sea electo”, señaló el presidente de la República Santiago Peña. “Claramente hay muchas dudas sobre el anuncio de la autoridad electoral de Venezuela. Hay un reclamo de la oposición porque de acuerdo con las actas de todas las mesas, tenían una victoria del 70%, de acuerdo. Eso contradice la versión oficial. Lo vemos con mucha preocupación”, agrega el presidente Santiago Peña. Tras una jornada de histórica participación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó la reelección del actual presidente Nicolás Maduro, con más del 50% de los votos, en el marco de un proceso que generó diversas manifestaciones de duda y acusaciones de fraude por parte de gobiernos y organizaciones internacionales. El comunicado emitido por la Cancillería señala que los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay “exigen la completa revisión de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano. El conteo debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”, expresa el comunicado. Por otra parte, los gobiernos ya están trabajando en la solicitud de una reunión, en carácter de urgente, que realizará el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en la región.
Aprobaron el Plan Nacional de Política Criminal
Con un relevamiento de datos estadísticos de cada departamento, el Ministerio de Justicia iniciará la implementación del Plan Nacional de Política Criminal, recientemente aprobado con el objetivo de mejorar el abordaje de los programas de reinserción social y rehabilitación de las personas privadas de libertad. “El Plan Nacional de Política Criminal se sustenta en la obligación del Estado de trabajar en estadísticas para visibilizar los hechos punibles más cometidos, y de esta forma, trabajar en la prevención de forma coordinada, entre todas las instituciones”, Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Las evidencias encontradas permitirán, además, identificar las falencias, necesidades o los motivos que impulsan cierto tipo de hechos punibles. Al abordar la criminalidad, el Ministerio de Justicia tiene dos grandes áreas de trabajo: “la prevención, dentro de la sociedad; y la rehabilitación, ya dentro de las penitenciarías”, explica Víctor Benítez. “El objetivo principal es prevenir los hechos punibles, pero necesitamos sentarnos en una mesa todos juntos, trabajar en esa prevención, con un plan que pueda aunar los esfuerzos y no hacerlo de manera dispersa”, explica el viceministro Víctor Benítez.