El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley a través del cual se pretende establecer el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, a fin de sentar las bases para una gestión pública sólida del gobierno, sustentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía. La propuesta normativa involucra tanto al sector público como al privado en esta causa nacional.
Durante una cumbre de los tres poderes del Estado, convocada por el presidente Peña, se discutió la necesidad de abordar la corrupción de manera coordinada y efectiva. Este proyecto de ley responde a esa necesidad. “Una ley, por sí sola no resolverá todos los problemas de corrupción, pero sí establece una estrategia inteligente y otorga un papel central a la Contraloría”, dijo Roberto Moreno, asesor jurídico de la presidencia de la República, durante una conferencia de prensa.
El proyecto de ley fue presentado ante el Congreso Nacional para su correspondiente estudio y tratamiento en ambas cámaras. Sus ejes principales son el fortalecimiento de las bases para una cultura de transparencia y prevención de la corrupción, la recepción de denuncias contra funcionarios públicos y las alianzas estratégicas entre el sector público y privado.
El Proyecto de Ley para establecer Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción establece un “Consejo Nacional Anticorrupción”, conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional, el Gabinete Civil de la Presidencia, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, se designa a esta última como el órgano rector y coordinador del régimen, en el marco de sus funciones y atribuciones.