El gobierno de Paraguay está apostando al modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) para mejorar y expandir la infraestructura del país, tanto en rutas nacionales como en sectores de energía, agua y saneamiento, fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población. “Las modificaciones introducidas en la nueva ley la convierten en una herramienta clave”, afirma el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
El conversatorio denominado “Inversión y crecimiento: oportunidades con la nueva Ley de APP”, organizado por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, reunió al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, al procurador general Marco Aurelio González, y al economista César Barreto, para analizar la importancia de la nueva Ley de APP, N° 7452/2025, que derogó la anterior -N° 5102/2013- con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de proyectos de participación público-privada.
“Teníamos una ley que dejaba todo el esfuerzo sobre el sector privado, y muchas obras no contaban con el aporte del Estado, por lo que no eran viables”, señaló el ministro Carlos Fernández Valdovinos. Por otra parte, había mucha burocracia en la aprobación de los proyectos, que eran muy largos, por lo que se introdujeron cambios para que todo el proceso sea mucho más fluido.
“Hoy estamos ante una excelente oportunidad de que esta herramienta funcione», afirmó Fernández Valdovinos, quien explicó que la APP no se limita únicamente a proyectos viales, sino que puede ser aplicada en diversos sectores estratégicos.
El momento actual es especialmente favorable debido al grado de inversión alcanzado por Paraguay, lo que facilita la emisión de bonos tanto en guaraníes como en dólares en los mercados internacionales. Esto hace que los proyectos de APP puedan despegar con fuerza, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
“Esta ley, ha permitido proyectos importantes como la Ruta 2, un ejemplo exitoso de colaboración público-privada”, añadió por su parte el economista César Barreto, asegurando que, con la aprobación de la nueva ley, el proceso se agiliza, clarificando los roles institucionales y aumentando los montos que el fisco puede comprometer en estos contratos.
La nueva ley otorga al Ministerio de Economía un papel rector, consolidando funciones antes dispersas entre diferentes instituciones. Además, se incrementó el monto de los proyectos posibles bajo el régimen de APP, del 2 al 4 % PIB, lo que facilita la inversión en un escenario fiscal más restrictivo.
Por otra parte, el nuevo marco legal ayudará a fortalecer la capacidad de las empresas locales, que a través de la colaboración con actores internacionales ganarán experiencia en proyectos de gran envergadura. “Creo que es una oportunidad que puede aprovecharse y que es donde deberían involucrarse los actores, que van a participar de alguna oferta en el proyecto de la inversión pública”, añadió Marco Aurelio González, procurador general.
Finalmente, el ministro Fernández Valdovinos enfatizó que, si bien el gasto en infraestructura contribuye al crecimiento económico, su impacto debe ser analizado con cautela para no comprometer la estabilidad financiera del país. “El gasto en infraestructura ayuda al crecimiento, pero no debemos exagerar en su impacto porque puede debilitar la base de nuestro éxito, que es toda la solvencia económica que tenemos», expresó el ministro de Economía.
Para la aplicación de la ley en proyectos de inversión, los recursos del presupuesto General de Gastos de la Nación se complementarán con los provenientes de la renegociación del tratado con Itaipu, permitiendo al Paraguay recibir aproximadamente 650 millones de dólares adicionales, excluyendo royalties y compensaciones. “La mayor parte de estos fondos se destinarán a proyectos de infraestructura, lo que representa una oportunidad significativa para el país”, explicó el ministro de Economía y Finanzas.
