La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el empleo abusivo de elementos represivos por parte de Fuerzas federales de Seguridad durante la manifestación del 12 de junio pasado frente al Congreso, contra la aprobación de una ley clave para el Gobierno para desregular la economía.
“El uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones”, fue constatado por informaciones recibidas por la CIDH y por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), expresaba un comunicado emitido el 4 de julio.
Los dos organismos refirieron que durante la marcha hubo agentes policiales sin uniforme y que miembros de la Prefectura Naval llevaban armas de fuego. En el marco de una protesta convocada por organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos, la CIDH consideró “de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno”.
Durante las protestas contra la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y del paquete fiscal que la acompañaba, y que fueron sancionados por la Cámara de Diputados el 26 de junio, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 33 personas acusadas de delitos contra el orden público y constitucional, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones. Sin embargo, 28 personas fueron liberadas los días siguientes, por falta de mérito y cinco fueron procesadas con prisión preventiva.
La jueza argentina María Servini cuestionó el accionar de la policía, asegurando que las fuerzas de seguridad carecían de entrenamiento, y advirtió que los sumarios estaban mal instruidos e incompletos. Como respuesta, el Gobierno salió en defensa del Grupo de Operaciones Antidisturbios de la Prefectura Naval Argentina, asegurando que cuenta con “los estándares de entrenamiento y actuación diseñados e implementados con fines de no causar respuestas desproporcionadas al accionar de manifestantes”.
La CIDH también dio cuenta del uso de bombas molotov y combustibles en las inmediaciones del Congreso que causaron heridas en 20 miembros de la fuerza de seguridad. Además, los medios de comunicación mostraron el incendio intencional de un automóvil del medio de comunicación Cadena 3.
Ante estos hechos, la CIDH y la Rele recordaron que la protesta pacífica “es un elemento esencial en las sociedades democráticas” y que el Estado debe “individualizar a los actores violentos, diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta”, sentenció. También se debe garantizar información fidedigna y evitar la estigmatización, señalaron. Las primeras inquietudes de la CIDH y la Relatoría surgieron a principios de febrero, con relación a la represión de las protestas convocadas contra la Ley Bases.
Fuente: Sputnik