El Estado Paraguayo reconoce su responsabilidad internacional y pide perdón a los familiares de Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, víctimas de represión policial en el 2003, durante un acto presidido por el ministro del Interior, Enrique Riera, en la sede de la ISEPOL, en Luque. Los hechos se enmarcan en un acuerdo de medidas de reparación firmado entre las partes, en virtud al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, productores de cedrón de San Pedro, participaban en una manifestación cuando fueron reprimidos por la policía. El primero resultó muerto y el segundo fue detenido y torturado. Los hechos tuvieron repercusión internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU exigió al Estado medidas de reparación, en el 2012.
Paraguay reconoció su responsabilidad y en el año 2017 firmó un Acuerdo de Medidas de Reparación, resultado de una negociación amistosa iniciada en el 2012, entre las Partes. Se establecieron acciones de cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellas la realización de un Acto Público de Reconocimiento de la Responsabilidad del Estado, que se realiza en la fecha.
El acuerdo alcanzado también contempla medidas de satisfacción dirigidas contra la impunidad, así como garantías de no repetición y medidas de rehabilitación y de asistencia integral de salud. En este mismo marco, los familiares de Eulalio Blanco y Ernesto Benítez fue beneficiado con una indemnización del Estado, entre otras medidas de reparación.
“Nunca más un hecho de violencia”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al momento de pedir perdón por las represiones policiales. “Esperamos sinceramente que este acto contribuya a la reparación moral como expresión de una genuina predisposición de garantizar la no repetición”, dijo. En otro momento, se refirió a los esfuerzos de la víctima y familiares a lo largo de 21 años, “para hacer de este caso particular un caso ejemplificador de reparación”, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Paraguay, y sus protocolos facultativos.