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El Ministerio de Desarrollo Social tomó con absoluta seriedad y responsabilidad la tarea de administrar el Programa de Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores, tal como lo dispone la Ley 7.232/24, sancionada en el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Desde ese entonces, trabajamos para atender a los adultos mayores, beneficiarios de este Programa, de tal forma a que en ningún momento ese cambio administrativo les afecte negativamente. De hecho, cada mes, puntualmente, perciben el monto correspondiente tal como lo venían haciendo, gracias a un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El MDS asumió la tarea de mejorar la atención a los interesados, disponiendo facilidades para la inscripción al programa, tanto vía internet, como en forma presencial. Del mismo modo, en un trabajo coordinado con las Juntas Municipales, dicho trámite se puede realizar en los municipios.

Se ha detectado y convocado a 1.206 personas que ya tenían aprobación para empezar a cobrar, pero estaban pendientes de presentar los últimos documentos. Hasta el momento, casi 500 personas ya empezaron a percibir el monto correspondiente, gracias a este trabajo.

Mediante un cruce de datos, gradualmente se irán incorporando al Programa unos 2.300 adultos mayores que son participantes de Tekoporã Mbarete y que se encuentran en la extrema pobreza.

Como es de público conocimiento, el presupuesto aprobado por el Congreso permite el pago a unos 310.000 participantes por mes. Gracias a algunos ajustes, incluso se llegó a pagar a más de 311.000 personas en el mes de abril.

El mecanismo vigente para que más beneficiarios se sumen al Programa, es la realización de censos, pero en forma seria, respetando las condiciones de vida, las necesidades, anhelos y expectativas de los interesados.

Ese trabajo, se realizará una vez que se tengan asegurados los recursos necesarios para incluir a más participantes, ya sea mediante un ajuste de los recursos que dispone el MDS, o bien, se apruebe una ampliación presupuestaria. Consideramos que hacer censos, sin tener los recursos asegurados, es generar falsas expectativas y faltarle el respeto a una población que merece una especial consideración por parte los organismos del Gobierno del Paraguay.