El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) inició una nueva etapa en su administración con el objetivo principal de “ganar nuevamente la credibilidad de nuestro campesinado”, señaló su presidente Horacio Torres.
Torres manifestó que el área de trabajo de la institución resulta un tema sensible para las familias campesinas, al tratarse de la tenencia de tierras y regularización de territorios con dificultades jurídicas, algunos desde hace décadas.
Por ello el Indert se propuso aumentar los niveles de transparencia en su gestión, tanto en la institución como en sus oficinas regionales.
Una muestra de esta labor fue el incremento en la evaluación del Mecip dentro del Indert. En la anterior administración el promedio fue de 2,4 y el instituto se encuentra ahora en el 4,98, señaló Torres en el espacio de #PyEn15 de este martes.
El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip) es un sistema de evaluación implementado por la Auditoria General del Poder Ejecutivo, que registra las evaluaciones internas de todas las instituciones del Estado.
Trabajo de campo
Con este aumento en la transparencia, el Indert impulsará ahora los procesos de titulación, afirmó Torres. En un año de gestión fueron entregados 920 títulos de propiedad y a partir de octubre se prevé la entrega de otros 500.
El titular del Indert detalló que las nuevas titulaciones de tierras representan también un menor costo operativo. Las entregas de títulos en la anterior administración representó un costo de US$ 7 millones y la entrega de los novecientos títulos hasta ahora tuvo un costo de solo US$ 500.000, dijo.
Por otro lado, el Indert también desarrollará un sistema informático con los datos de todas las personas que solicitaron alguna vez tierras ante la institución. Este catastro interno permitirá conocer las personas que ya accedieron a títulos y quienes solicitaron, señalando que solo se puede solicitar tierras una vez.
Con esto se busca una mayor transparencia y la resolución de conflictos judiciales por tierras que datan de muchos años. Igualmente, se busca con esto conocer la situación real de muchas tierras comunales del Estado, que fueron vendidas sin autorización o no están regularizadas formalmente.