El proyecto de Ley de Emergencia en el Sistema Penitenciario apunta a acortar los plazos para la construcción de nuevas cárceles y un mayor presupuesto para hacer frente a la actual crisis del sector.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, manifestó que el proyecto presentado ayer en la Cámara de Diputados pretende también el apoyo de las fuerzas públicas en los perímetros de las penitenciarías.
Aclaró que no se pretende una “militarización” de las cárceles, pero sí el apoyo de fuerzas militares en los perímetros, debido a que los intentos de motín también congregan a mucha gente en las inmediaciones y se necesita el apoyo de las fuerzas públicas (policías y militares) para estos casos.
También aclaró que no se pretende utilizar recursos de las previsionales, como afirmaron algunos diputados, sino la aceleración de recursos, manteniendo los parámetros de transparencia, para contratar más guardiacárceles y equipos de seguridad, informó en el espacio #PyEn15.
Sobre la construcción de tres nuevas cárceles, adjudicación anunciada ayer por el Gobierno, el ministro indicó que se busca agilizar los procesos burocráticos y dar inicio a las obras lo más pronto posible.
Las tres nuevas penitenciarías, dos en Emboscada y una en Minga Guazú, ofrecerán una capacidad extra de 4.050 personas, para un sistema que actualmente tiene capacidad para unos 9.000 reclusos y cuenta con 16.800.
Esta situación inédita se da por la falta de inversiones en el sector a lo largo de décadas, las modificaciones normativas para ciertos delitos y la lucha contra el crimen organizado, lo que hizo crecer exponencialmente a la población penitenciaría.
Además de las tres prisiones, se cuenta con el proyecto de construir otras dos más con el apoyo de las binacionales de Yacyretá e Itaipu. Una será una nuevo centro para mujeres en Itauguá y el otro una nueva penitenciaría en Canindeyú.