EL PAIS | Tras siete meses de silencio, Julian Assange está a un paso de recuperar el acceso a Internet y el derecho a recibir visitas en breve. El fundador de Wikileaks tendrá que someterse, a cambio, a un rígido protocolo que hace hincapié en la necesidad de que mantenga su estado físico, su comportamiento y su aseo en condiciones apropiadas para permanecer en la embajada de Ecuador en Londres.
Wikileaks ha asegurado que el Gobierno del país sudamericano ha elaborado un documento en el que se recogen los nuevos requerimientos para que el hackerpueda conservar su situación de asilado en la sede diplomática, donde está refugiado desde 2012. De momento, ninguna voz oficial se ha pronunciado sobre el asunto.
El nuevo régimen de convivencia empezó a aplicarse el pasado fin de semana, según el protocolo que tiene fecha de 11 de octubre. Pero Wikileaks sostiene que la situación de incomunicación de Julian Assange no ha variado. No puede recibir visitas ni acceder a Internet desde marzo pasado, después de que el Gobierno de Lenín Moreno tomara esa decisión para impedir que Assange siguiera inmiscuyéndose, con sus pronunciamentos en redes, en asuntos de política interna de otros países que pudieran afectar a las relaciones con Ecuador.
Para evitar que se repitan esos episodios una vez recuperado el acceso a Internet, el Gobierno supedita la condición de asilado a que Assange acate escrupulosamente las nuevas normas. “El incumplimiento de las obligaciones que constan en este Protocolo Especial por parte del asilado podrán dar lugar a la terminación del asilo diplomático por parte del Estado ecuatoriano, con arreglo a los instrumentos internacionales pertinentes.
El Estado ecuatoriano se reserva el derecho de aceptar o rechazar las explicaciones que pueda dar por escrito el señor Assange”, concluye la nueva disposición del Gobierno.
El hacker podrá conectarse a Internet a través de la red wifi de la embajada ecuatoriana, pero siempre utilizando sus propios equipos. Solo se le permite usar su propio teléfono móvil y su ordenador, según el nuevo protocolo, colgado en la web de información ecuatoriana Código Vidrio. La Secretaría (Ministerio) de Comunicación de Ecuador no ha confirmado ni desmentido hasta ahora la veracidad del documento, pese a las insistentes solicitudes de información.
El fundador de Wikileaks tendrá que empezar a asumir, además, sus propios gastos de manutención y de salud, con la obligación de someterse a revisiones médicas cada tres meses. Según el protocolo, la embajada solo pagará el alquiler del inmueble, los servicios básicos como electricidad, agua o calefacción y la mencionada conexión a Internet. La alimentación, limpieza, lavandería, así como el cuidado de la mascota que vive con Assange desde hace dos años en la embajada, deberán ser asumidos por el australiano. Ese aspecto, el de las condiciones de salubridad personal y de su gato, ya habían generado malestar en el personal que trabaja en la sede ecuatoriana de Londres.
“A fin de precautelar las condiciones de salubridad de las instalaciones de la Embajada, el señor Julian Assange y sus visitantes conservarán la limpieza e higiene del cuarto de baño y otros espacios que utilicen dentro de la Embajada”, recoge el documento. En caso de no atender convenientemente a su mascota, se le solicitará que la entregue “a otra persona o a un refugio de animales fuera de la misión diplomática”.
Por último, el nuevo régimen de convivencia permitirá que Assange reciba hasta un máximo de tres visitantes, siempre que hayan hecho una solicitud formal con tres días de antelación y que haya sido aceptada por el Embajador. Las visitas podrán ser aceptadas o rechazadas sin ninguna explicación por el delegado diplomático.
Esta modificación de las condiciones de convivencia para Julian Assange coinciden en el tiempo con la llegada a Ecuador de su defensor, el juez español Baltasar Garzón. Junto a los representantes que tiene en el país, la defensa del australiano ha anunciado que presentará acciones legales contra el canciller ecuatoriano, José Valencia, por haber entregado información sobre el proceso de nacionalización de Assange a una asambleísta. Según la denuncia, se trataba de información reservada, pese a que el Gobierno asegura que la anterior canciller, María Fernanda Espinosa, no siguió el trámite formal para declararla como tal.
